LA POLÍTICA ECONÓMICA QUE SE REQUIERE NO ES SOLO AUMENTAR LA GASOLINA

Mesa de la Unidad Democrática
(18 de diciembre de 2013)

Como parte del paquete de medidas económicas que prepara el gobierno, el ministro de
Energía y Petróleo, presidente de PDVSA y Vicepresidente para el Área Económica, Rafael
Ramírez, anunció que el gobierno tiene contemplado un aumento del precio de la gasolina, a
un nivel suficiente para cubrir el costo de producción. Con el citado incremento dado a
conocer por Ramírez, el litro de gasolina de 95 octanos se fijaría en Bs. 2,70, lo que
representaría un aumento de 2.900%, el cual indudablemente tendrá una incidencia en las
estructuras de costos, en particular en el transporte de pasajeros y de carga, así como en las
industrias que utilicen la gasolina y el diésel como materias primas. El contexto en que ese
aumento de la gasolina se realizará será uno de aceleración inflacionaria, como resultado del
financiamiento del déficit fiscal con impresión de dinero y de las sucesivas devaluaciones del
bolívar.

La Mesa de la Unidad Democrática está dispuesta a participar en un amplio debate nacional
sobre el tema con los diversos sectores involucrados, con el fin de llegar a un consenso en una
materia de especial importancia para el pueblo venezolano. También quiere la MUD fijar su
posición de la manera más enfática, con el ánimo de contribuir a identificar opciones de
política.

Este gobierno engañó a la población cuando en medio de las campañas electorales del 7 de
octubre de 2012 y el 14 de abril de 2013, aseveró que no estaba planteado el aumento del
precio de los combustibles. Ahora, en medio de la severa crisis de caja por la cual atraviesa
PDVSA y en vista del pronunciado déficit fiscal del sector público, el gobierno acordó un
significativo aumento de la gasolina. Es importante recordar que quienes hoy son gobierno,
han sido los más férreos opositores al aumento del precio de la gasolina en el pasado reciente
y que además han sido los impulsores de un modelo económico que ha derrochado la mayor
cantidad de ingresos fiscales que haya recibido Venezuela en toda su historia. Este gobierno
despilfarrador, ahora pide a los venezolanos que sacrifiquen su ingreso para que PDVSA
cubra su déficit de operaciones.

La política económica implementada por este gobierno ha generado muchos desequilibrios
que afectan la vida concreta de los venezolanos. No es solamente el precio de la gasolina lo
que está desequilibrado. Es todo el modelo económico que ha impuesto este gobierno. Y las
consecuencias están a la vista de todos y se expresan, al menos, en los siguientes aspectos:

 Crecimiento económico. Se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
de 2013 se ubique en 1%, es decir, 4,6% menos que en el año 2012 (5,6%), muy por
debajo del estimado para los países de América Latina y el Caribe (3%).

 Inflación. Se estima que al cierre de este año la tasa de inflación se situará en 54%. El
sector con mayor inflación es el de los alimentos. En este sector la inflación, según la
FAO alcanza 72,1%, golpeando con mayor fuerza a los estratos más pobres, debido a que
ellos dedican más de 50% de su ingreso a la adquisición de alimentos. Nuestra inflación
es la más alta de América y este año probablemente será la más alta del mundo.

 Productividad nacional: La absorción por parte del Estado de unidades agrícolas y
agroindustriales altamente productivas ha generado que en la actualidad solo alcanzan una
producción de 30%, en el mejor de los casos, debido a su administración nepótica,
ineficiente, sin capacitación y con altos niveles de corrupción. Sin contar las innumerables
unidades empresariales (fincas y hatos ganaderos) que se encuentran saqueadas,
abandonadas y/o destruidas.

 Escasez: El indicador de escasez del mes de octubre de 2013 llegó a 22,4%, el más alto de
los últimos 5 años. En los últimos dos años 75% de los productos y presentaciones de
alimentos han desaparecido del mercado. Todos los días hay escasez de algún alimento, y
cuando se encuentran se venden racionados por persona. Los productos que más escasean
son aquellos controlados por la maquinaría productiva del gobierno como azúcar, café,
aceite, pollos, entre otros.

 Importaciones: el principal importador de alimentos es el mismo Estado, desestimulando
la producción nacional. Importamos el 70% de lo que consumimos. En estos catorce (14)
años las importaciones se han cuadruplicado. En 1998 las importaciones de alimentos
representaban 1.700 MM de US$, en 2008 pasaron a 7.250 MM US$ y en 2012 fueron
8.500 MM US$.

 El déficit fiscal es aproximadamente 15% del PIB. El financiamiento del Banco Central
de Venezuela a PDVSA y las empresas estatales sigue creciendo y las cifras del instituto
emisor muestran que en un año subió 51%.

 El BCV ha perdido 9-072 millones de dólares de sus reservas internacionales hasta ek 15
de diciembre de 2013 y las reservas líquidas actualmente rondan los 1.500 millones de
dólares, cuando en el primer trimestre del 2009 estaban cerca de los 30.000 millones de
dólares.

 Deuda: En 1999 la deuda total de Venezuela era de US$ 31.484 millones (32% del PIB) y
para 2012 saltó a US$ 216.053 millones (71% del PIB). La interna, incluyendo el
financiamiento agrícola y la vivienda, alcanzó a US$ 61.166 millones, a lo cual hay que
agregar cuentas por pagar de PDVSA con contratistas, proveedores y empresas mixtas por
US$ 22.946 millones y US$ 17.060 millones debido a expropiaciones no canceladas.

 La economía ha entrado en un círculo vicioso de inflación-devaluación-inflación donde,
las remuneraciones de los trabajadores en 2013 han experimentado una caída de 12%.

 Se ha contratado deuda que se traducirá en un sacrificio enorme para el gasto social ya
que de cada 100 bolívares gastados, en el presupuesto 2014, 22 van para el servicio de la
deuda, 13 a la educación y apenas 8 a la salud.

 Venezuela es el único país petrolero en el que decrece la producción de esta materia
prima.

Es en este contexto, insistimos, de las erróneas políticas que ha ejecutado esta larga
administración, que debe examinarse la propuesta de aumentar el precio de la gasolina.
Especialmente cuando Venezuela es el único país exportador de petróleo que está atravesando
una crisis de esta magnitud. Este modelo económico es inviable, las demostraciones están a la
vista de todos. El gobierno pretende aumentar el consumo sin aumentar la producción ni la
inversión.

Y esa es la razón fundamental por la cual la MUD ha propuesto seis ejes de políticas para
ordenar la economía nacional. El primero consiste en un aumento de la producción petrolera
para generar mayor actividad económica y mayor cantidad de divisas para el país. El segundo
es un programa para disminuir la inflación, lo que implica detener la impresión de dinero
inorgánico por parte del BCV con el objeto de financiar el déficit fiscal. El tercero consiste en
adoptar medidas en el campo productivo para elevar la producción nacional, especialmente la
de alimentos. El cuarto es implementar un programa de protección urgente para los 3 millones
de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. Tememos que con la
inflación del 2013 esta cifra aumentará. El quinto tiene que ver la unificación de los tipos de
cambio para detener la corrupción, estabilizar el bolívar e incentivar las exportaciones no
petroleras y, finalmente, el sexto es la aplicación de un plan nacional de infraestructura para
mejorar y potenciar la red de carreteras, autopistas, hospitales y escuelas. Esto a su vez se
convierte en un plan de empleo para ocupar a más de un millón de venezolanos actualmente
desempleados.

El ajuste del precio de la gasolina debe examinarse, en consecuencia, en la perspectiva que
signifique una modificación sustancial de actual rumbo económico. La MUD está dispuesta a
dialogar con el gobierno y con los demás actores de la vida económica, social y product iva
del país para acordar sobre las mejores alternativas en este aspecto.

Actualmente PDVSA es una empresa deficitaria, no obstante los elevados precios del
petróleo. Ese déficit se origina, no exclusivamente en la venta de gasolina y otros
combustibles de forma subsidiada, sino principalmente por las subvenciones a Cuba y demás
países de Petrocaribe, los aportes al Fonden, las diversas actividades productivas, sociales y
políticas que realiza la empresa y por una pésima administración. Con las actuales estructuras
de funcionamiento y responsabilidades que tiene PDVSA, el aumento del precio de la
gasolina en niveles razonables no garantizará que la empresa equilibre sus cuentas.

La MUD es partidaria de un debate nacional amplio e incluyente sobre los nuevos precios de
la gasolina y demás combustibles como parte de una nueva política económica y petrolera.

Lo que es inaceptable es que a un gobierno despilfarrador se le extienda un cheque en blanco
para que cubra su déficit financiero sacando el dinero de los bolsillos de los venezolanos sin
que al mismo tiempo se realicen reformas que corrijan un modelo económico fracasado y que
además reorganice a PDVSA para darle viabilidad financiera. Ponemos a disposición del
gobierno todos nuestros recursos técnicos y políticos para alcanzar el mayor consenso en una
materia de tanta significación para la vida de los venezolanos.

Por tanto, como aportes a ese debate, la MUD plantea, en primer lugar, eliminar en el plazo
de un año los subsidios implícitos en los envíos de petróleo por un monto estimado en
190.000 barriles diarios a Cuba y otros países de Petrocaribe. En segundo lugar, nombrar una
comisión de alto nivel, plural, que se encargue de determinar la situación financiera real de
PDVSA para presentar un informe en un mes y en tercer lugar, que se estudie la creación de
cuatro fondos especiales con los eventuales ingresos que se obtengan por la venta de gasolina
a los nuevos precios. El Fondo Educativo para mejorar la infraestructura educativa, en todos
los niveles. El Fondo de la Seguridad Social para comenzar a cancelar los pasivos laborales.

El Fondo de Infraestructura para mejorar de forma urgente la red vial, puertos y aeropuertos
del país y el Fondo para la superación de la Pobreza: para atacar la situación de pobreza
crítica en la cual se encuentran casi 3.000.000 de venezolanos.

Estos fondos serán manejados por un ente especializado, conformado con la mayor amplitud
para que el país se sienta representado.

La MUD quiere ratificar que cualquier medida de aumento del precio de los combustibles no
debe consistir en acciones aisladas e incoherentes, como ha hecho este gobierno, sino en el
marco de una reordenación de la política económica global. El gobierno nacional debe estar a
la altura de este desafío, De su conducta depende el bienestar de todos los venezolanos.

LOS ALCALDES DE LA UNIDAD A LOS VENEZOLANOS

1.  El mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 4°, es claro: “La República… es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.

2. En ese marco, el cual respetamos, El municipio venezolano, tal como lo establece el artículo 168° de la Constitución,  es la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía. Esa autonomía comprende: a. La elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

3. Para ello, el municipio venezolano, en su artículo 178° de la Constitución, tiene claramente establecidas sus competencias, estableciéndose que “es de la competencias del Municipio el gobierno  administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local…”

4. Es claro el mandato de la Constitución. Y hay que acatarlo. Nosotros, los Alcaldes electos por la mayoría del voto popular, estamos dispuestos a cumplirla, como siempre lo hemos hecho. Para ello, nos sometemos a los principios de integridad territorial,, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad antes mencionados, pero en el marco del respeto a la autonomía municipal que establece la Constitución y que estamos resueltos a defender, sobre todo por la población  que nos eligió que reclama la solución de los grandes problemas que le aqueja.

5. Estamos ganados a la cooperación con los distintos niveles de gobierno; nunca nos hemos negado, pero en el marco del respeto a la esfera de competencia de cada poder. Para tales efectos solicitamos se conforme una Comisión de Alcaldes que sirva de intermediaria tanto para profundizar el diálogo como para articular una agenda de trabajo que permita alcanzar los objetivos que nos son comunes.

6. La Constitución no habla de la imposición de los Planes de Gobierno Nacional a los demás poderes. La Constitución habla de coordinación y cooperación. Si el Poder Nacional tiene su Plan, los Municipios también tienen los suyos. Cada uno de nosotros presentó un Plan de Gobierno ante el electorado. El pueblo nos eligió para que cumplamos con nuestra palabra empeñada en esos Planes. Y así lo haremos. En todo caso el plan que nos une es la Constitución Nacional.

Nosotros no estamos al servicio de una ideología. Estamos al servicio del pueblo. Por ello, el Gobierno Nacional no puede pretender imponernos un “Plan de la Patria” que declara el sometimiento a una ideología en particular y que no está establecido en nuestra Carta Magna. Nosotros fuimos electos para contribuir con la solución de los problemas de la gente, sobre todo de la más humilde. Fuimos electos para promover la participación ciudadana y hacer del ciudadano el centro de nuestras preocupaciones. Hemos venido a dialogar en pro de la unión de todos los venezolanos.

7. Los Municipios necesitan contar con sus recursos y competencias. Exigimos que se respeten los mismos, así como declaramos aspiramos desarrollar, coordinadamente, la concurrencia de nuestros servicios con el Poder Nacional. Eso significa que vamos a luchar por los recursos que son de los Municipios, constitucionalmente establecidos y exigimos al Poder Nacional que los respete. El Gobierno Nacional no puede andar quitándole activos a los Municipios que son propios de sus competencias y que por Ley les pertenece. Ya le quitaron el Parque Recreacional Sur, Teatro Municipal  y la Plaza de Toros del municipio Valencia; también el Parque Macuto de Barquisimeto del municipio Irribarren. ¿Qué más van a hacer? Si queremos coordinación con respeto, el Gobierno nacional debe comenzar respetando lo que le pertenece a los Municipios. No es ética y políticamente hablando, la instalación de gobiernos paralelos a las autoridades legítimamente elegidas el pasado 8 de diciembre.

8. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional ha venido utilizando un método pernicioso para calcular los recursos de los Estados y Municipios. Desde el año 2005, se calcula el Presupuesto Nacional con base en premisas que no son verdaderas: se estima el precio de barril de petróleo muy por debajo de su valor real. De esta manera, ese Presupuesto nos asigna unos recursos muy por debajo de lo que nos corresponde. El Poder Nacional rompe con el principio de la “Equidad Interterritorial”, pues utiliza créditos adicionales que discrimina a unos y beneficia a otros. Así, por ejemplo, mientras el crecimiento de las asignaciones al Municipio Libertador del Distrito Capital fue del 107% en el año 2012, el del Municipio Baruta fue del 13,52%; en el caso del municipio Atures del estado Amazonas donde habitan el 75% de la población del estado el FCI del mismo está calculado en un monto de 34.243.446Bs mientras el Alto Orinoco con el 8,6% de los habitantes de la misma entidad es de 44.753.752Bs para el 2014 ¿Cómo se explica esta discriminación? Esto no puede continuar si queremos una coordinación sincera.

9. ¡Ya basta de odios! Queremos ejercer nuestras magistraturas inspirados en la unidad de todos los venezolanos a los que nos debemos, por eso estimamos que es hora de detener la escalada divisionista de nuestra Nación.

Dialogar no es claudicar. Estamos aquí con la mejor buena voluntad para desarrollar un diálogo crítico, sin poses, sin hipocresías, y sin condiciones que limiten el ejercicio democrático y digno de nuestra vocería. Hay que reconocer que el país vive una delicada crisis política, económica y social que pone en riesgo la paz de todas las familias venezolanas. Por eso la gobernabilidad es un requisito esencial para conjurar sobre la marcha todos estos factores que perturban la tranquilidad de los venezolanos. La inflación, el desabastecimiento, la devaluación de nuestra moneda, la crisis de los servicios públicos y la inseguridad son hechos ciertos que no se pueden dejar de reconocer.

Más allá de los problemas de los municipios aquí referidos, no debemos olvidarnos de algunos venezolanos privados de su libertad o extrañados de la Patria por razones políticas, algunos de ellos convalecientes de graves enfermedades. En nombre de la justicia y de los derechos humanos solicitamos una Ley de Amnistía para beneficiar a los compatriotas que experimentan estas circunstancias y también para beneficio de un país que clama convivencia.

10. Ofrecemos nuestros mejores esfuerzos para cooperar con el Gobierno Nacional en el marco de respeto mutuo y, sobre todo, del respeto a la Constitución. Si así fuera, se podrá llevar adelante una gestión armónica.

Pero sin imposición de ideología que trasgredan los principios constitucionales. Nosotros, alcaldes electos legítimamente por el pueblo, no renunciaremos a la defensa del reclamo de las mayorías. Trabajaremos incansablemente por la solución de los problemas de la gente y por la democracia plena en nuestros municipios.

Caracas 18 de diciembre de 2013

Fuente: WEIL - 13 de Diciembre de 2013

El Plan de la Patria y el Desarrollo Local

El Plan de la Patria es una realidad que busca imponerse a través de la institucionalidad del Poder Público Municipal.   Sus objetivos y propuestas no pueden ser subestimados en estos momentos.  Mientras el gobierno se mantendrá en campaña, e impulsará su gobierno de calle, la Unidad debe mantener en el ámbito municipal el contacto con los vecinos facilitando los espacios para el debate público e incluyente sobre el alcance del Plan de la Patria, antes que éste se imponga y no haya tiempo de reaccionar pacífica y cívicamente.

No olvidemos que iniciando el año 2010 el CLPP, instancia responsable del diseño del Plan Municipal de Desarrollo, fue epicentro de conflictos políticos importantes que lesionaron la gobernabilidad local en algunos municipios del país, como Baruta en el estado Miranda y Maracaibo en el estado Zulia; hoy vuelve a ser epicentro político que enfrentará, en los municipios donde haya autoridades electas en el marco de la Unidad,  la visión socialista del Plan de la Patria y la visión plural que sostiene la Unidad en el marco de la Constitución Nacional.

A partir del 2010 el CLPP se transformó en un espacio institucional para el encuentro entre el Poder Público Municipal y el Poder Popular. Su integración refleja esa realidad, a saber: el Alcalde, los Concejales y varios actores del Poder Popular:  Presidente de Junta Parroquial Comunal.  Varios voceros que representan a cada Consejo de Planificación Comunal que exista en el Municipio.  Un consejero por parroquia del municipio, o en su defecto un vocero electo por los Consejos Comunales del Municipio. Un consejero por cada movimiento y organización social mencionados en la ley del CLPP, y si los hubiere en el municipio.   Una reforma sancionada en agosto 2013 y no publicada aún en Gaceta reduce un poco más la lista de integrantes del CLPP.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece que el CLPP es la instancia en la cual se debate y aprueba o modifica el proyecto de Plan Municipal de Desarrollo, que debe ser presentado por el Alcalde, incorporando al contenido del mismo los lineamientos del programa de gobierno presentados como oferta electoral.  Una vez aprobado por el CLPP, pasa a manos del Concejo Municipal para su definitiva aprobación.

En este sentido, hay que advertir que el CLPP es parte del Sistema Nacional de Planificación, y como tal se ve obligado a garantizar que el contenido del Plan Municipal de Desarrollo esté en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDESN), es decir, en concordancia con el Plan de la Patria.  Aquí encontramos la imposición legal del Plan de la Patria.

Por lo tanto el sistema de planificación en Venezuela, impone a través de un tejido legislativo una sola visión de desarrollo, impulsada por las Comunas y orientada hacia el Socialismo.  No se puede subestimar la figura del CLPP como hasta ahora ha sucedido, el Plan de la Patria claramente plantea entre sus objetivos para el 2013-2019 el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular en la construcción de la sociedad socialista, así como también del diseño Comunal. 

Por lo tanto, el CLPP se transforma de una instancia sin importancia política, a una instancia política clave para imponer el Plan de la Patría.  Es un reto para los Alcaldes electos en Unidad lograr aprobar un Plan Municipal de Desarrollo que incluya lineamientos programático de su plan de gobierno, en la medida que los mismos sean considerados por el CLPP contrarios al Plan de la Patria.   Ese será un debate político que necesariamente debe darse y que enfrentará el modelo municipal al modelo comunal.

El Plan de la Patria debe ser sometido a debate público, entre autoridades y ciudadanos, para que la sociedad en general se active y con la legitimidad de la participación, busquen alternativas democráticas con sus autoridades locales que sirvan de antídoto contra la visión única e impuesta del Socialismo.

Los gobiernos municipales de Unidad, no pueden desconocer la legitimidad que les otorgó el mandato del soberano, y por lo tanto, no pueden permitir que sus proyectos de desarrollo local, en beneficio de toda una colectividad, sean fácilmente condicionados por razones ideológicas, que se aprovecha del diseño centralizado de la planificacición, para justificar un mandato legal con el cual imponer el Socialismo.  La figura del referendo consultivo en el ámbito municipal pudiera ser un instrumento de participación muy útil para este Debate político.   

Una consulta popular es coherente con una democracia participativa y coherente con el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos de participar en los asuntos públicos. Si bien la autonomía municipal es limitada y restringida, sigue siendo un principio constitucional y debe reivindicarse con mayor justificación, cuando se trata de propuestas que impactan de fondo aquellos asuntos propios de la vida local. 

El derecho a la libre participación y a la libre asociación para la participación, son dos temas que van íntimamente relacionados con la cuestionable legitimidad del CLPP como instancia responsable de aprobar el Plan Municipal de Desarrollo Local.  Son dos temas claves que marcan la diferencia de fondo entre la calidad que ofrece la democracia comunal y de la democracia prevista en la Constitución desde la vida local.

El Plan de la Patria no necesita ser ley para imponerse, tienen las Leyes del Poder Popular para lograr ese cometido.  ¿La Ley se impondrá a la legitimidad del soberano?

Carlos Romero Mendoza.

UNIDAD: Creación del Centro de Comercio Exterior es otra instancia burocrática para la corrupción

En relación a los anuncios de creación del Centro de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Edmundo González, coordinador de la Comisión de Enlace Internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, advirtió que su formación es una nueva instancia burocrática para centralizar mucho más las importaciones, hoy en manos del gobierno nacional, con muchos puntos negativos para las necesidades de los venezolanos. “Estos anuncios no son más que nuevas instancias burocráticas que mas que dirigirse a un objetivo claro de promover las exportaciones venezolanas, y las inversiones lo que está planteado es que sean instancias para centralizar aun mas, la actividad importadora en manos del Ejecutivo con los consiguientes efectos negativos crecientes sobre el desabastecimiento de los productos que demanda la población venezolana”, puntualizó.

Agregó además que si hubiera una verdadera intención de potenciar las exportaciones venezolanas no tradicionales, desde hace tiempo se hubieran tomado todas las medidas necesarias con los entes burocráticos existentes y no crear nuevas instancias.

Para González, el gobierno olvida que para exportar, primero hay que producir, y para producir, es necesario que se permita el establecimiento y desarrollo pacífico de las iniciativas, del capital nacional y extranjero.

“En 1998, la dependencia de Venezuela de las exportaciones petroleras era de 83%. Hoy la dependencia de las exportaciones petroleras es de 98%. Según cifras oficiales, para el 2006 las exportaciones no petroleras venezolanas eran de $ 6.816 millones. En el año 2012, las mismas llegaron a $ 2.566 millones, y el estimado de cierre en el 2013, será de $ 1.200 millones”, agregó el integrante del equipo internacional de la Unidad.

El ex embajador también precisó detalles, para mostrar como el país se encuentra muy por debajo en cuanto a inversión se refiere, estando a la zaga de países vecinos como Colombia y Brasil. “En el caso de las inversiones Venezuela tiene años captando cifras menores a los $ 3200 millones de los cuales más de la mitad son reinversiones, mientras que otros países en la región captan año a año más de $ 60.000 millones, como es el caso de Brasil, o 15.000 millones como nuestra vecina Colombia.”

Para Edmundo González, el gobierno se olvida que las exportaciones y las inversiones no se decretan. “Para lograr el crecimiento en exportaciones e inversiones se hace necesario establecer una estrategia bien definida y consensuada con todos los actores involucrados, en donde las reglas claras y el respeto a las mismas, incluyendo a la propiedad juegan un papel determinante en el éxito. Las inversiones y exportaciones no se obtienen por vía de decretos.”, destacó.

Por otro lado agregó que centralizar todas las importaciones en un solo ente, será una tarea que desbordará la capacidad de poder identificar y ofrecer no solo todos los productos que demanda la población, sino también los insumos que demanden los productores en el país, con el peligroso efecto de agravar aun mas los graves niveles de escasez que padece la población.

González cuestionó además el hecho de que esta nueva estructura de gobierno ayudaría a frenar los altos niveles de corrupción que posee el gobierno nacional y advirtió que ella contribuirá con los padecimientos actuales de los venezolanos. “El gobierno ha indicado que estas instancias también contribuirán a disminuir los niveles de corrupción. Nosotros nos preguntamos si, la corrupción campante en la administración de las divisas no es responsabilidad de quien por más diez años ha administrado su otorgamiento. Alertamos al país que estas nuevas instancias traerán más sufrimiento al pueblo venezolano”, matizó.

El vocero de la Unidad también calificó al Centro de Comercio Exterior como una pesada carga, indicando a su vez que será totalmente inoperativo. “Es un monstruo burocrático, poco operativo, un gran conglomerado similar a lo que tienen en Cuba para controlar el aparato productivo, una expresión adicional de la profundización de la estatización de la economía, que traerá más ineficiencia y a cuyo frente han colocado un general y otros funcionarios, que no conocen de la materia”, señaló.

Para finalizar, el coordinador de la Comisión de Enlace Internacional de la Unidad indicó que mientras en el mundo se debate sobre facilitación del comercio, eliminación de medidas para arancelarias y reduciendo al mínimo del papeleo y trámites administrativos, en Venezuela se están creando más instancias burocráticas y alcabalas que generan corrupción.

Tomado de: Prensa Unidad Venezuela, 30/11/2013

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