1. El mandato de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 4°, es claro: “La República… es un
Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta
Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
2. En ese marco, el
cual respetamos, El municipio venezolano, tal como lo establece el artículo
168° de la Constitución, es la unidad
política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y
autonomía. Esa autonomía comprende: a. La elección de sus autoridades, la
gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e
inversión de sus ingresos.
3. Para ello, el municipio
venezolano, en su artículo 178° de la Constitución, tiene claramente
establecidas sus competencias, estableciéndose que “es de la competencias del
Municipio el gobierno administración de
sus intereses y la gestión de las materias que le asigne la Constitución y las
leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local…”
4. Es claro el
mandato de la Constitución. Y hay que acatarlo. Nosotros, los Alcaldes electos
por la mayoría del voto popular, estamos dispuestos a cumplirla, como siempre
lo hemos hecho. Para ello, nos sometemos a los principios de integridad
territorial,, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad antes
mencionados, pero en el marco del respeto a la autonomía municipal que
establece la Constitución y que estamos resueltos a defender, sobre todo por la
población que nos eligió que reclama la
solución de los grandes problemas que le aqueja.
5. Estamos ganados a
la cooperación con los distintos niveles de gobierno; nunca nos hemos negado, pero
en el marco del respeto a la esfera de competencia de cada poder. Para tales
efectos solicitamos se conforme una Comisión de Alcaldes que sirva de
intermediaria tanto para profundizar el diálogo como para articular una agenda
de trabajo que permita alcanzar los objetivos que nos son comunes.
6. La Constitución
no habla de la imposición de los Planes de Gobierno Nacional a los demás
poderes. La Constitución habla de coordinación y cooperación. Si el Poder
Nacional tiene su Plan, los Municipios también tienen los suyos. Cada uno de
nosotros presentó un Plan de Gobierno ante el electorado. El pueblo nos eligió
para que cumplamos con nuestra palabra empeñada en esos Planes. Y así lo
haremos. En todo caso el plan que nos
une es la Constitución Nacional.
Nosotros no estamos
al servicio de una ideología. Estamos al servicio del pueblo. Por ello, el
Gobierno Nacional no puede pretender imponernos un “Plan de la Patria” que
declara el sometimiento a una ideología en particular y que no está establecido
en nuestra Carta Magna. Nosotros fuimos electos para contribuir con la solución
de los problemas de la gente, sobre todo de la más humilde. Fuimos electos para
promover la participación ciudadana y hacer del ciudadano el centro de nuestras
preocupaciones. Hemos venido a dialogar en pro de la unión de todos los
venezolanos.
7. Los Municipios
necesitan contar con sus recursos y competencias. Exigimos que se respeten los
mismos, así como declaramos aspiramos desarrollar, coordinadamente, la
concurrencia de nuestros servicios con el Poder Nacional. Eso significa que
vamos a luchar por los recursos que son de los Municipios, constitucionalmente
establecidos y exigimos al Poder Nacional que los respete. El Gobierno Nacional
no puede andar quitándole activos a los Municipios que son propios de sus competencias
y que por Ley les pertenece. Ya le quitaron el Parque Recreacional Sur, Teatro
Municipal y la Plaza de Toros del
municipio Valencia; también el Parque Macuto de Barquisimeto del municipio
Irribarren. ¿Qué más van a hacer? Si queremos coordinación con respeto, el
Gobierno nacional debe comenzar respetando lo que le pertenece a los
Municipios. No es ética y políticamente hablando, la instalación de gobiernos
paralelos a las autoridades legítimamente elegidas el pasado 8 de diciembre.
8. En ese sentido,
el Ejecutivo Nacional ha venido utilizando un método pernicioso para calcular
los recursos de los Estados y Municipios. Desde el año 2005, se calcula el
Presupuesto Nacional con base en premisas que no son verdaderas: se estima el
precio de barril de petróleo muy por debajo de su valor real. De esta manera,
ese Presupuesto nos asigna unos recursos muy por debajo de lo que nos
corresponde. El Poder Nacional rompe con el principio de la “Equidad
Interterritorial”, pues utiliza créditos adicionales que discrimina a unos y
beneficia a otros. Así, por ejemplo, mientras el crecimiento de las
asignaciones al Municipio Libertador del Distrito Capital fue del 107% en el
año 2012, el del Municipio Baruta fue del 13,52%; en el caso del municipio
Atures del estado Amazonas donde habitan el 75% de la población del estado el
FCI del mismo está calculado en un monto de 34.243.446Bs mientras el Alto
Orinoco con el 8,6% de los habitantes de la misma entidad es de 44.753.752Bs para
el 2014 ¿Cómo se explica esta discriminación? Esto no puede continuar si
queremos una coordinación sincera.
9. ¡Ya basta de
odios! Queremos ejercer nuestras magistraturas inspirados en la unidad de todos
los venezolanos a los que nos debemos, por eso estimamos que es hora de detener
la escalada divisionista de nuestra Nación.
Dialogar no es
claudicar. Estamos aquí con la mejor buena voluntad para desarrollar un diálogo
crítico, sin poses, sin hipocresías, y sin condiciones que limiten el ejercicio
democrático y digno de nuestra vocería. Hay que reconocer que el país vive una
delicada crisis política, económica y social que pone en riesgo la paz de todas
las familias venezolanas. Por eso la gobernabilidad es un requisito esencial
para conjurar sobre la marcha todos estos factores que perturban la
tranquilidad de los venezolanos. La inflación, el desabastecimiento, la
devaluación de nuestra moneda, la crisis de los servicios públicos y la
inseguridad son hechos ciertos que no se pueden dejar de reconocer.
Más allá de los
problemas de los municipios aquí referidos, no debemos olvidarnos de algunos
venezolanos privados de su libertad o extrañados de la Patria por razones
políticas, algunos de ellos convalecientes de graves enfermedades. En nombre de
la justicia y de los derechos humanos solicitamos una Ley de Amnistía para
beneficiar a los compatriotas que experimentan estas circunstancias y también
para beneficio de un país que clama convivencia.
10. Ofrecemos
nuestros mejores esfuerzos para cooperar con el Gobierno Nacional en el marco
de respeto mutuo y, sobre todo, del respeto a la Constitución. Si así fuera, se
podrá llevar adelante una gestión armónica.
Pero sin imposición
de ideología que trasgredan los principios constitucionales. Nosotros, alcaldes
electos legítimamente por el pueblo, no renunciaremos a la defensa del reclamo
de las mayorías. Trabajaremos incansablemente por la solución de los problemas
de la gente y por la democracia plena en nuestros municipios.
Caracas
18 de diciembre de 2013
